Preguntas inquietantes

Es cierto que los controladores aéreos españoles se han ganado a pulso la tremenda antipatía que siente hacia ellos la mayoría de sus conciudadanos. Puede (sólo puede) que el gobierno hubiera hecho lo que debía declarando el estado de alarma para acabar con la desfeita que los susodichos organizaron en el puente de la Inmaculada Constitución. Pero ya es muy cuestionable que el gobierno intente prolongar la vigencia de ese estado (lo conseguirá con los votos en el Congreso de CiU y PNV) para, eso dice, prevenir una repetición de la jugada en las vacaciones de Navidad.

De hecho, parece como si Zapatero desconociese la Constitución o como si le gustase saltársela o al menos bordearla. Ya lo hizo, con la aquiescencia del PP, en el caso de la aprobación de la ley que impone a los maltratadores penas mayores que a las maltratadoras (podía haberse arreglado añadiendo la agravante de utilización de una fuerza física muy superior, con lo que se cubrirían numerosas situaciones hipotéticas); la ley introduce una discriminación explíicita, que está expresamente prohibida por la Constitución. Volvió a hacerlo simpatizando con los catalanes en sus reclamaciones sobre el Estatuto; de nuevo, tenemos una discriminación entre españoles por causa de su lugar de residencia. Y ahora la declaración del estado de alarma, que no se justifica, de acuerdo con los términos constitucionales, con la posible gravedad de los hechos que pretende impedir; a lo mejor yo no lo he entendido bien y en realidad se trata de algo parecido a la película Minority report, en la que te condenan antes de cometer el delito. En este caso, Zapatero ya sabe a ciencia cierta que los controladores están decididos a volver a armarla en navidades.

Todo esto bastaría para censurar a cualquier gobernante en cualquier país. Pero el asunto adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que Zapatero es licenciado en Derecho y que, en el escaso tiempo en el que vivió en el mundo real antes de volcarse en la política, ejerció de profesor ayudante en ese mismo campo. ¿A ustedes no les plantea ninguna pregunta inquietante esta extraña relación entre la licenciatura en Derecho y el gusto por violar la ley suprema? A mí sí. Muchas.

Pero eso no es todo. Preguntados al respecto, la mayoría de los españoles manifiestan su conformidad con la declaración del estado de alarma partiendo de la premisa de que hay que dar "leña al controlador hasta que aprenda el catecismo". Y olvidan, olvidamos, que el estado de alarma supone la suspensión de determinados derechos democráticos. Con el estado de alarma declarado, el gobierno puede militarizar a los controladores, pero también puede hacerlo con cualquier colectivo que se cruce en su camino. Vamos, que usted, igual que yo, vive con una espada de Damocles sobre su cabeza, a expensas de que el gobierno decida incluirlo o no en su lista de indeseables. En otras palabras, el estado de alarma es una más de las muchas antesalas que conducen (no necesariamente, debo reconocerlo) a la dictadura. Y nosotros tan contentos. Así que no se extrañen si me pregunto por la posibilidad de que a los españoles nos gusten las dictaduras. A fin de cuentas, Franco fue uno de los escasísimos dictadores que murió en su cama y no derrocado por el pueblo.